Es importante y urgente que nuestro país cuente con una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos destinados a la salud. Es preciso tomar medidas urgentes para corregir las deficiencias identificadas en Birmex y garantizar el acceso a medicamentos de calidad para toda la población.
Fausto Hernández Montiel
Se abrió la Caja de Pandora, una más en este sexenio. Una reciente auditoría a Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex) reveló un escandaloso despilfarro de recursos públicos. Las pérdidas millonarias por la caducidad de medicamentos en la Megafarmacia del Bienestar son una clara señal de que algo anda muy mal en el sistema de salud de nuestro país.
¿A cuántos derechohabientes pudieron haber beneficiado todos esos medicamentos caducos? ¿Cuántas vidas se pudieron haber salvado? Esa es la gran pregunta.
No es algo nuevo, el mero anuncio presidencial de esta Megafarmacia levantó muchas suspicacias, no solo de los analistas, sino de toda la industria farmacéutica, porque a muchos nos pareció que era una idea descabellada, sin pies ni cabeza, que revelaba, de sí, un profundo desconocimiento del gobierno mexicano acerca de cómo funciona un sector clave, como es el farmacéutico.
Enorme cantidad de fármacos caducados
Birmex, encargada de la distribución de medicamentos a instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), debería ser un pilar de la eficiencia y la transparencia. Sin embargo, la falta de control en sus almacenes ha permitido que una enorme cantidad de fármacos caduquen, lo cual representa un costo de más de 1,000 millones de pesos (mdp).
¿Cómo es posible que una empresa pública de esta envergadura, encargada de un bien tan esencial, primario y supremo, como la salud, cometa semejante error? La respuesta es sencilla: la falta de planeación, supervisión, la carencia de sistemas de control adecuados y, por supuesto, una gestión deficiente.
Inventar el hilo negro
Lo anterior cobra especial relevancia si recordamos que este sexenio será recordado por el monumental desabasto de medicamentos provocado por el gobierno mismo. Quisieron inventar el hilo negro cuando no era necesario. Quisieron traer medicamentos de otras partes del mundo cuando aquí existe una industria farmacéutica sólida, seria, pujante y con capacidad de sobra para abastecer al sistema de salud.
Las consecuencias de esta penosa situación de Birmex, recién reveladas por la auditoría, son múltiples y graves, en múltiples niveles, como los siguientes:
- Riesgo para la salud: sabemos que la escasez de medicamentos puede poner en peligro la vida de los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas.
- Despilfarro de recursos: los mdp perdidos en medicamentos caducados podrían haberse destinado a mejorar la atención médica en todo el país.
- Pérdida de confianza: la población pierde confianza en un sistema de salud que no garantiza la disponibilidad de medicamentos esenciales.
- Mayor transparencia: se debe exigir a Birmex que publique, de manera regular, información detallada sobre sus inventarios, las compras realizadas y las pérdidas sufridas.
- Reforzar los controles internos: es necesario implementar sistemas de control más estrictos para evitar la repetición de estos errores.
- Capacitación del personal: el personal encargado de los almacenes debe recibir la capacitación necesaria para garantizar un manejo adecuado de los medicamentos.
- Colaboración interinstitucional: las distintas instituciones de salud deben trabajar de manera coordinada para optimizar la distribución de medicamentos y evitar duplicidades.
Salud, derecho fundamental
La crisis en Birmex es un llamado a la reflexión. Como sociedad, no podemos permitir que los recursos públicos se sigan despilfarrando de esta manera. Es necesario que las autoridades competentes investiguen a fondo lo ocurrido y, por supuesto, tomen todas las medidas necesarias para garantizar que los medicamentos lleguen a quienes los necesitan, en el momento y en las condiciones adecuadas.
Como sabemos, la salud es un derecho fundamental, constitucional e irrenunciable y, por tanto, no podemos permitir que se vea afectada por la ineficiencia y la corrupción.