Columna VALID
Para sorpresa de todos, en un albazo legislativo, esta semana nos enteramos de una nueva reforma al sistema de salud, a tan solo 18 meses del término de este sexenio encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fausto Hernández Montiel
Así, esta última semana de abril se oficializó en el Congreso la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual había sido la gran apuesta en el área de salud de este gobierno, además de que en teoría iba a sustituir al llamado Seguro Popular, que atendía alrededor de 17 millones de mexicanos que no estaban afiliados ni al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La verdad es que el INSABI nunca tuvo una buena pinta, pues no había una estrategia concreta y un presupuesto destinado para ofrecer los servicios de salud a la población sin derechohabiencia y, de esta manera, enterrar al Seguro Popular. El presidente solo nos dijo que «ni era seguro ni era popular», así que se dio el siguiente paso y millones de mexicanos quedaron en el desamparo.
El Seguro Popular nace con el primer gobierno de la transición
Recordemos que el Seguro Popular nació en 2004, durante el primer gobierno de la transición, en la administración de Vicente Fox. El secretario de Salud era Julio Frenk y la idea era atender a la población de bajos recursos sin afiliación a la seguridad social.
Se pretendía que, junto con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, brindar cobertura de salud básica y para padecimientos graves -de manera específica a través de transferencias a los diferentes sistemas estatales de salud-, los cuales suelen devastar a las familias, porque además del aspecto físico y emocional, está el aspecto económico, con gastos que muchos no pueden erogar.
El Seguro Popular, a diferencia del INSABI, sí tuvo una planeación y recursos destinados ex profeso, por lo cual fuimos testigos de cómo fue creciendo su afiliación y cobertura a lo largo y ancho del país hasta llegar a los casi 17 millones de mexicanos que se atendían mediante este sistema.
Un exceso de fallecimientos
Como sabemos, el INSABI, además, tuvo la mala fortuna de empezar operaciones en enero de 2020, a solo dos meses de que se declarara la pandemia de Covid-19 en México, la cual dejó muy mal parado a nuestro sistema de salud frente al mundo, por el exceso de fallecimientos de personas contagiadas, el alto número de personal de salud que feneció en un contexto de desabasto de medicamentos e insumos.
La pandemia en México ha dejado, al menos, el doble de muertes reconocidas y registradas por las autoridades sanitarias, según estima la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre 2020 y 2021, alrededor de 626 mil personas fallecieron a causa de la contingencia sanitaria por el coronavirus, de acuerdo con el informe sobre exceso de mortalidad.
Los números de la decisión de reinventar al sistema de salud sin un plan ni presupuesto son tremendos, a decir de la oposición a este gobierno de la 4T: se dejaron de dar más de 40 millones de consultas, más de 7.5 millones de consultas de alta especialidad y, en suma, alrededor de 15 millones de mexicanos dejaron de tener un sistema de salud en el cual atenderse, además de que el gasto de bolsillo se incrementó en 40 por ciento.
Un sistema de salud centralizado, pero sin presupuesto
Con la nueva reforma aprobada en ambas cámaras esta última semana de abril, la idea del gobierno es volver a centralizar el tema de salud, pero ahora bajo el cobijo del IMSS-Bienestar. Bajo el argumento del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la opacidad y combatir la corrupción, los recursos estarán en una sola bolsa de salud, por lo cual los gobiernos de los estados han estado firmando convenios con esta institución para donar su infraestructura de salud, con el fin de que el IMSS-Bienestar brinde servicios de salud a toda la población, pero todos sabemos que esto no ocurrirá así, simplemente porque no existen los recursos para que esto suceda.
A decir del estudio del Grupo de Trabajo para la Comisión Hacendaria de la Cámara de Diputados, brindar servicios de salud a toda la población sin seguridad social, con un paquete de servicios ilimitado, tendría un costo de 3.2% del PIB de 2019.
Por tanto, es previsible que el IMSS-Bienestar empiece a jalar recursos financieros del presupuesto del IMSS, así como capital humano, con lo cual seguramente se deteriorán aún más sus ya de por sí bajos niveles de servicio, como hemos visto en los medios en los últimos tres años.
¿Otra mala jugada?
Aunado a ello, esta nueva improvisación de este gobierno se da en el contexto de un desabasto de medicamentos que no se ha podido resolver, a pesar de los intentos de esta administración por traer fármacos de todas partes del mundo. Solo hay que recordar el fracaso que fue la intervención de la UNOPS en este tema.
Este nuevo cambio, en el último tramo del sexenio, será otra mala jugada. Lo peor es que las malas decisiones en el ámbito de la salud cobran vidas, como hemos visto durante los 37 meses de la pandemia de Covid-19.
El gobierno de la 4T no ha escuchado a las voces expertas, bajo la consigna de que todo estaba mal y de que había un mundo de corrupción tanto en la industria farmacéutica como en el sector salud. La desaparición del INSABI es la aceptación tácita de un craso error. Con ello, estamos tan lejos del sistema de salud de Dinamarca como lo estamos físicamente, a 10 mil kilómetros de distancia.