Columna InFarma
¿Qué pensarán los corporativos de las grandes farmacéuticas? ¿Qué el nuevo gobierno cumplirá cabalmente los pagos? ¿Se tiene previsto que la distribución que hará el gobierno cumpla con todas normas regulatorias para preservar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, así como su trazabilidad?
Jorge Arturo Castillo
Hoy más que nunca es importante dar seguimiento a la apuesta que está haciendo la industria farmacéutica en general, y en particular, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), que preside Rodrigo Puga, de Pfizer México, además de la la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), presidida por Ana Longoria, de Novartis México, con las nuevas reglas de licitación consolidada del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Resulta que la nueva modalidad es: “…Los licitantes deberán ser titulares del registro sanitario de cada una de las partidas (claves) en las que presente oferta. Solo en el caso de personas físicas o morales de nacionalidad extranjera podrán participar sus representantes señalados en el registro sanitario respectivo…”.
En términos llanos, lo anterior quiere decir que el gobierno está haciendo a un lado a los distribuidores de medicamentos, quienes representaban a los laboratorios farmacéuticos en las licitaciones, hacían todo el papeleo administrativo, les compraban los medicamentos a los laboratorios pagando en 30 días, distribuían en más de 3,000 puntos de entrega y cobraban al gobierno los medicamentos y material de curación que le vendían, absorbiendo el financiamiento de hasta un año en que se tarda el gobierno en pagar.
Ahí está el detalle, las farmacéuticas que hacen investigación y desarrollo -que suelen ser las internacionales-, sobre todo las que están adscritas a la AMIIF, tendrán que lidiar con todo lo antes mencionado, y bajo la promesa de que el gobierno les pagará en 30 o 45 días. Sin embargo, como se ha insistido en este espacio, tan solo el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene deudas con proveedores de medicamentos incluso desde 2017…
¿Qué pensarán los CEOs en los corporativos de las grandes farmacéuticas transnacionales? ¿Que el nuevo gobierno cumplirá cabalmente los pagos? ¿Se tiene previsto que la distribución que hará el gobierno cumpla con todas normas regulatorias para preservar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, así como su trazabilidad?
En este contexto, queremos creer, tanto Rodrigo Puga como Ana Longoria deben tener previsto todas estas aristas de ir directamente con el gobierno con el fin de no afectar ni la distribución de los medicamentos ni las finanzas de la industria farmacéutica de innovación; además, lo más importante, claro está, la salud de todos los mexicanos.