Columna VALID
Los contratos por adjudicaciones directas en el sector salud se han vuelto una práctica común y creciente durante este gobierno. Se ha evidenciado que en 2021, más del 50% de las adquisiciones de medicamentos para el sector salud público se realizaron mediante este tipo de contratos.
Fausto Hernández Montiel
A inicios de este año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) han sido objeto de controversia, debido a la gran cantidad de contratos federales otorgados por adjudicación directa, sin pasar por un proceso de licitación previo que garantice el precio más bajo en medicamentos, equipos médicos e infraestructura.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha realizado una investigación que ha revelado irregularidades en este tipo de contrataciones. Por ejemplo, el IMSS ha destinado el 45% de su presupuesto, es decir, unos 70 mil millones de pesos, bajo este esquema. Hoy en día, el IMSS enfrenta críticas debido a fallas en el servicio de elevadores.
Asignar sin licitación
El ISSSTE, por su parte, ha adjudicado el 67% de su presupuesto, equivalente a 27 mil 63 millones de pesos, mediante esta vía. Mientras tanto, el Insabi, en proceso de transferir su infraestructura y gasto al IMSS-Bienestar, asignó sin licitación el 40% de sus recursos, aproximadamente 9 mil 195 millones de pesos.
Durante el año pasado, tanto el IMSS como el Insabi también destacaron entre las instituciones federales con un alto porcentaje de contratos otorgados sin licitación. Las entidades que más contratos adjudicaron bajo esquemas de excepción en el primer semestre de 2022 fueron nuevamente el Insabi, Diconsa, Banco del Bienestar, Fonatur, Segalmex, Conagua, Guardia Nacional, ISSSTE y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con contratos que oscilaron entre mil 646 millones y casi 22 mil millones de pesos.
Un proceder que se ha mantenido
La Constitución establece que la licitación pública debe ser la regla general en las contrataciones del Gobierno, mientras que la adjudicación directa y la invitación restringida son consideradas excepciones. Sin embargo, durante la pandemia de Covid-19, las instituciones de salud argumentaron restricciones sanitarias y urgencias médicas para evitar concursos, pero este proceder se ha mantenido y se ha incrementado el porcentaje de contratos sin licitación.
La investigación de MCCI también revela otras irregularidades en los contratos, como la adjudicación a empresas recién creadas o aquellas que nunca han ganado un concurso. Se identificaron 143 compañías en esta situación. Además, se han contratado empresas que han sido sancionadas o inhabilitadas por distintas irregularidades.
Una práctica común y creciente
El director del Instituto Farmacéutico de México (INEFAM), Enrique Martínez, aseguró que los contratos por adjudicaciones directas en el sector salud se han vuelto una práctica común y creciente durante este gobierno. Se ha evidenciado que en 2021, más del 50% de las adquisiciones de medicamentos para el sector salud público se realizaron mediante este tipo de contratos, aumentando significativamente en comparación con el 10% en 2017.
A pesar de estas contrataciones, el desabasto de medicamentos sigue siendo preocupante, con un 30% menos de medicamentos disponibles en comparación con los niveles de 2018. Esta situación representa un reto para el sistema de salud en México.