Derecho a la salud infantil: una deuda que ya no admite postergaciones
El reporte expone la brecha entre el reconocimiento legal del derecho a la salud infantil y su cumplimiento efectivo en México
Breves Salud Infantil
El próximo 22 de enero de 2025, el capítulo “Derecho a la salud en niños y adolescentes en México”, incluido en el Reporte sobre la familia en México 2025, ofrece un diagnóstico riguroso y oportuno sobre una de las fallas estructurales más persistentes del sistema de salud: la distancia entre el reconocimiento legal del derecho a la salud y su cumplimiento efectivo en la infancia y la adolescencia.
Misael Macías
A casi dos meses de su presentación pública, el capítulo “Derecho a la salud en niños y adolescentes en México” confirma su pertinencia y vigencia en un momento particularmente sensible para el sistema de salud mexicano. No se trata de un texto coyuntural ni de un pronunciamiento reactivo, sino de un análisis estructural, bien documentado y éticamente planteado sobre una de las deudas más profundas del Estado mexicano.
Uno de los principales aciertos del reporte es que no se limita a enumerar carencias. Desde el inicio, el texto coloca el derecho a la salud en su dimensión jurídica, recordando que está consagrado tanto en la Constitución como en diversos tratados internacionales. Sin embargo, el documento es claro al subrayar una verdad incómoda: el reconocimiento normativo no se ha traducido en acceso efectivo, continuo y equitativo para millones de niñas, niños y adolescentes. Esta tensión entre la ley y la realidad atraviesa todo el análisis y le da solidez argumentativa.
Insuficiencia presupuestal
El capítulo cuestiona de manera directa el modelo biomédico dominante, todavía centrado en la atención curativa, fragmentada y hospitalaria. A partir de datos de Coneval, UNICEF, Inegi y la UNAM, se muestra que el problema no es solo de cobertura, sino de diseño institucional. Que más de 40% de la población infantil y adolescente carezca de acceso efectivo a servicios de salud no es un accidente, sino el resultado de decisiones estructurales: fragmentación del sistema, transiciones administrativas incompletas, insuficiencia presupuestal y déficit de personal especializado.
Especial relevancia tiene el apartado dedicado al acceso a medicamentos. El texto evita la generalización y se concentra en los impactos concretos del desabasto: interrupción de tratamientos, retrocesos en derechos previamente garantizados y afectaciones graves en enfermedades crónicas y raras. El caso de la hemofilia, abordado desde una resolución de la Suprema Corte, ilustra cómo el enfoque de derechos puede corregir fallas del sistema, pero también deja claro lo frágil que sigue siendo la garantía de acceso si no existe una política pública consistente.
El gran punto ciego
Otro punto fuerte del capítulo es el análisis diferenciado por etapas de vida. La separación entre infancia y adolescencia permite comprender que los retos no son homogéneos. Mientras en los primeros años persisten desafíos en nutrición, vacunación y cáncer infantil, en la adolescencia emergen con fuerza temas como salud mental, adicciones y salud sexual. En este sentido, el reporte es contundente al señalar que la salud mental continúa siendo el gran punto ciego de la política pública, con apenas 2% del presupuesto total de salud destinado a este rubro, pese al aumento sostenido en depresión, ansiedad y suicidio adolescente.
Las conclusiones del capítulo merecen atención especial. Lejos de ser declarativas, plantean la necesidad de una transformación conceptual del sistema de salud. El texto propone dejar atrás la visión asistencialista y asumir la salud como un derecho humano integral, vinculado a educación, alimentación, entorno social y dignidad. La insistencia en enfoques preventivos, comunitarios e interseccionales no responde a una agenda ideológica, sino a la evidencia acumulada a lo largo del análisis.
Acciones inmediatas
Que este reporte haya sido presentado el 22 de enero de 2025 no es un dato menor. Llega en un momento clave de redefiniciones institucionales, con presiones presupuestales crecientes y una demanda social cada vez más informada. Su valor no radica únicamente en el diagnóstico, sino en recordar que la salud de niñas, niños y adolescentes no admite gradualismos ni soluciones a largo plazo sin acciones inmediatas.
En síntesis, se trata de un texto sólido, oportuno y necesario. No busca confrontar, pero tampoco suaviza la realidad. Su mayor aporte es poner sobre la mesa una verdad esencial: sin una política de salud integral desde la infancia, el derecho a la salud seguirá siendo una promesa incumplida y el futuro del país, una apuesta frágil.