Columna Desde el Legislativo
“Ciudadanos, no permitan que les arrebaten la verdad”
Este escribidor —y mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del PAN— votaremos en contra de este atropello. No estamos defendiendo un privilegio, sino un derecho conquistado con años de lucha democrática.
Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba
La transparencia en México está en peligro. La posibilidad de que el gobierno controle lo que sabemos es hoy más real que nunca, estimados lectores. Hace más de dos décadas, conquistamos un derecho que parecía impensable en tiempos de autoritarismo: el derecho al acceso a la información pública. Gracias a él, salieron a la luz casos de corrupción, desvío de recursos y decisiones que impactan directamente nuestra vida cotidiana.
Hoy, ese derecho está a punto de ser sepultado por el gobierno de Morena.
Un golpe directo a la rendición de cuentas
La mayoría oficialista en el Congreso, integrada por Morena, el PT y el PVEM, se dispone a aprobar esta misma semana una reforma constitucional que desmantela los avances logrados en materia de acceso a la información y protección de datos personales. La iniciativa no simplifica ni fortalece el sistema: lo destruye, asestando un duro golpe a la rendición de cuentas de las autoridades.
El primer paso ya se dio el pasado 20 de diciembre de 2024, cuando fue eliminado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un organismo autónomo que, durante más de 20 años, fue un contrapeso incómodo para los gobiernos en turno.
En su lugar, se pretende crear un nuevo organismo subordinado al Poder Ejecutivo, bajo el nombre “Transparencia para el Pueblo”. El nombre suena noble, pero la realidad es que centraliza el control del acceso a la información en el propio gobierno. ¿Cómo confiar en quien debe vigilarse a sí mismo?
Lo que no se ve, no se investiga
De aprobarse esta reforma, casos como el escándalo de Segalmex, los sobrecostos del Tren Maya, la adquisición de medicamentos o el manejo de programas sociales podrían quedar fuera del escrutinio público. Lo que no se ve, no se investiga. Y lo que no se investiga, no se castiga.
Se está creando un laberinto burocrático que alejará la información del ciudadano. Actualmente, 33 organismos estatales y un ente federal garantizan el acceso a datos públicos. La reforma dispersará esta responsabilidad en más de 275 nuevas “autoridades garantes”, generando un sistema fragmentado, con interpretaciones diversas de la ley y sin una vía clara para acceder a la información.
Si antes el camino era complicado, ahora será casi intransitable. Todo está diseñado para desincentivar la participación ciudadana y desgastar al solicitante.
Un cheque en blanco para la opacidad
La iniciativa, promovida por el Ejecutivo federal de la llamada «cuarta transformación», elimina el principio de máxima publicidad, que establecía que toda información pública debía estar disponible por defecto. Con la nueva legislación, cualquier dato podrá ser reservado si se considera que afecta la “paz social” o el “interés del Estado”.
Pero, ¿quién define qué afecta la paz social? El mismo gobierno.
Así, cualquier acto de corrupción, contrato sospechoso o desvío de recursos podría ser clasificado como confidencial sin posibilidad de apelación. Peor aún: se elimina la obligación de documentar los actos de gobierno. En otras palabras, si no quieren que algo se sepa, simplemente no lo registrarán. La fórmula perfecta para desaparecer la rendición de cuentas.
Riesgo para los datos personales
Otro punto gravísimo es el futuro de nuestra información personal. Con la desaparición del INAI, la protección de datos queda en manos del mismo aparato gubernamental que ahora tendrá acceso irrestricto a bases de datos de la ciudadanía.
Esto abre la puerta a usos políticos o comerciales de nuestros datos. Partidos o empresas podrían acceder a ellos sin consentimiento. La reforma permite el uso discrecional de la información como herramienta de control.
Así, México podría convertirse en un país donde la privacidad ya no esté garantizada, y donde la información personal esté a merced del poder político o económico.
Transparencia es democracia
La votación que Morena y sus aliados pretenden llevar a cabo este miércoles o jueves representa un retroceso inadmisible. Este no es un tema técnico ni una simple reestructura administrativa. Es, con todas sus letras, un atentado contra la democracia.
La transparencia no es un lujo, ni un capricho. Es el oxígeno que permite la participación ciudadana, la vigilancia del poder y el debate público. Como médico, sé que la luz solar es el mejor desinfectante. Y como legislador, entiendo que sin transparencia, la corrupción se convierte en norma.
No permitamos que el gobierno nos venda la opacidad como sinónimo de eficiencia.
Por el derecho a saber
México merece un futuro donde la información fluya libremente, donde la ciudadanía pueda fiscalizar a sus gobernantes, y donde el derecho a la verdad no dependa de la voluntad del poder.
Este escribidor —y mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del PAN— votaremos en contra de este atropello. No estamos defendiendo un privilegio, sino un derecho conquistado con años de lucha democrática.
Seguiremos informando a través de redes sociales. Porque una ciudadanía informada es una ciudadanía libre.
