Columna Desde el Legislativo
“Aplausos no pagan la renta”
Pese a haber sido aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión y por la totalidad de los congresos estatales, la reforma constitucional que garantiza un salario digno a médicos, enfermeras, maestras, maestros y cuerpos de seguridad sigue sin publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Esta omisión vulnera un derecho social legítimo y largamente esperado.
Éctor Jaime Ramírez Barba
México ha avanzado en materia de justicia laboral, pero también ha caído en contradicciones inaceptables. La reforma al artículo 123 constitucional, que representa un avance histórico en la protección de los trabajadores públicos, continúa congelada en el escritorio presidencial.
La reforma modifica el primer párrafo de la fracción VI del Apartado A y añade un tercer párrafo a la fracción IV del Apartado B del artículo 123. Sus dos ejes son claros:
- Blindaje ante la inflación: el salario mínimo no podrá estar por debajo de la inflación anual.
- Sueldo digno para servidores públicos: se garantiza que maestras, maestros de nivel básico, policías, miembros de la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, así como médicos y enfermeros, ganen al menos el salario promedio registrado en el IMSS, que para 2024 es de 16,777 pesos mensuales, ajustables cada año conforme al índice inflacionario.
Profesiones esenciales, sueldos insuficientes
El objetivo es evidente: cerrar una brecha histórica de injusticia. En la práctica, personal médico, educativo y de seguridad gana entre 6,800 y 12,000 pesos al mes, muy por debajo del estándar nacional, a pesar de que sus tareas son fundamentales para la estabilidad y el bienestar del país.
El reconocimiento de esta disparidad fue lo que propició una aprobación unánime en ambas cámaras del Congreso. En la Cámara de Diputados, el dictamen se avaló con 478 votos a favor; en el Senado, con 124. Luego, vino la aprobación sin reservas de los 31 congresos estatales, completando el proceso constitucional que da validez a una reforma.
Un proceso ejemplar, una omisión inexplicable
Durante el proceso legislativo, se realizaron múltiples foros a nivel nacional y local. Se escucharon testimonios de trabajadores, especialistas y ciudadanía en general. No hubo voces en contra, solo debates sobre cómo asegurar su implementación presupuestal sin afectar otras áreas del gasto público.
Y sin embargo, más de seis meses después, la reforma sigue sin publicarse en el Diario Oficial de la Federación. El artículo 135 constitucional establece que, tras la validación de los congresos estatales, el Congreso debe emitir la declaratoria de constitucionalidad y ordenar su publicación inmediata. ¿Qué se espera entonces?
El veto silencioso y los argumentos económicos
Lo que hoy vivimos es una suerte de “veto de bolsillo”, ejercido no formalmente pero sí de facto por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aún no ha ordenado la publicación. De acuerdo con legisladores de oposición, el retraso responde a la falta de recursos para cubrir el impacto presupuestal de la medida.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y la Comisión de Presupuesto estiman que costará alrededor de 39 mil millones de pesos anuales. La Secretaría de Hacienda, por su parte, ha argumentado que la reforma no genera cargas directas adicionales. Esta diferencia técnica ha sido utilizada como pretexto para mantener la medida en pausa.
Pero la Constitución es clara: una reforma válida no puede estar sujeta a criterios de presupuesto. Su publicación no es opcional, es obligatoria.
Un mandato moral y constitucional
Este estancamiento no solo es una afrenta legal, sino un agravio moral. Dejar sin efecto una reforma aprobada por todas las fuerzas políticas del país debilita la confianza en las instituciones y perpetúa una situación laboral precaria para quienes más lo necesitan.
La publicación de esta reforma es urgente y no admite más dilaciones. Se trata de justicia, de dignidad, y de congruencia con el discurso de transformación nacional. No hay Estado de bienestar sin bienestar para quienes trabajan en él.
Hora de cumplir la palabra
Desde este espacio, hacemos un llamado directo a la Mesa Directiva del Congreso de la Unión y al Ejecutivo federal: cumplan con su deber constitucional. No más excusas, no más silencios administrativos. La reforma debe publicarse ya.
Porque detrás de cada médico, enfermera, maestra, maestro o policía hay una familia que espera un ingreso digno. Porque ningún cambio profundo será posible mientras se sigan vulnerando los derechos de quienes sostienen a este país.
“La dignidad de nuestros servidores públicos es también la dignidad de México”.
