Columna INEFAM
- Desde el punto de vista de competencia económica, UNOPS es un agente económico predominante, que ejercerá un enorme poder de compra, donde su carácter autónomo y su discrecionalidad en decidir a quién y qué asignar, induce una externalidad negativa, dadas sus prácticas internacionales, ya que tiene la capacidad de ser fijador precios y condicionar las cantidades a adquirir bajo un proceso que es exclusivo y “confidencial”, sin necesidad de rendir cuentas, sobre todo cuando se tratan de recursos públicos.
- Será del todo una prueba de transparencia que UNOPS, como ente privado, reporte debidamente a la sociedad mexicana su proceder y sobre todo resultados, siendo congruente con las prácticas a la que instituciones públicas están obligadas ante los ciudadanos.
Enrique Martínez Moreno / José Carlos Ferreyra López
En los primeros días de diciembre la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) finalmente ha liberado los “llamados a licitar” (Invitation to Bid-ITB, como se les conoce en inglés) para la compra de medicamentos y material de curación a partir de mayo de 2021.
Estos “ITB” se anuncian con atraso de prácticamente un mes respecto a lo que señaló este organismo internacional en su momento, lo que ha contribuido a la discrecionalidad y la incertidumbre que tiene ya una historia ante la improvisación de las compras por parte del gobierno desde mediados de 2019. Todo indica que así cerrará el presente año.
Previo a los ITB, UNOPS debe cumplir con los contratos de medicamentos de patente y fuente única que han sido o serán negociados de manera directa, con el fin de comenzar su abasto a partir de enero de 2021. De igual manera tiene la enorme presión de lograr el abasto de más de 380 claves “priorizadas” de abasto crítico para el primer trimestre de 2021, lo cual será vía asignaciones directas y en plena discrecionalidad.
Se han emitido 5 ITB. Tres son para medicamentos y 2 para materia.
Medicamentos
Los procesos correspondientes representan en su mayoría medicamentos genéricos entre un total de 1,286 claves del Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS), que suman poco menos de 1,630 millones de piezas y con un importe de 88.45 mil millones de pesos -mmdp- (importe estimado por el Instituto Farmacéutico (INEFAM), lo que significa un precio promedio de $54.36 por pieza.
Este organismo internacional piensa obtener ahorros importantes bajo la argumentación de mantener como condición óptima de “precio-calidad”, pues asegura que podrá obtener precios bajos sin poner en riesgo la calidad. Para ello, ha sido requisito fundamental poner al mínimo la labor de Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para facilitar registros sanitarios y permisos de importación a extranjeros si cuentan con registros sanitarios emitidos por agencias de otras partes del mundo en unos cuantos días, y por lo tanto, no habrá mayor cuestionamiento para darles entrada al país.
Varias voces ya se han manifestado del riesgo potencial que esto podría significar ante una situación adversa de un medicamento y de la responsabilidad administrativa, de la cual UNOPS debe hacer frente (y que por supuesto se blinda) junto con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la misma Cofepris.
Los laboratorios interesados deberán subir a la plataforma de este organismo sus ofertas a más tardar el 18 de enero de 2021. Para el mes de febrero deberá darse a conocer los proveedores adjudicados. Entre marzo y abril se deberán firmar contratos con el objetivo de iniciar las primeras entregas en mayo de 2021.
Nota: la estimación de importes es conforme a precios promedio en 2020 según bases INEFAM.
Dispositivos médicos
En dos procesos se convocan 633 claves de material de curación (grupo 60) conforme al CNIS, que suman 717.3 millones de piezas y con un importe estimado de 13.6 mmdp, lo que significa un precio por pieza de $18.99. La junta de aclaraciones será el 22 de diciembre. Los laboratorios interesados deberán subir sus propuestas a más tardar el 25 de enero de 2021, y de igual manera, tras resultados de las adjudicaciones, los ganadores deberán hacer entregas también en el mes de mayo.
Serán 11 los puntos de entrega que corresponden a los almacenes de los operadores logísticos contratados por el gobierno y que han operado las compras consolidadas de 2020. Esto es al momento, pues es posible que resulten nuevos operadores logísticos y que efectivamente deberán estar definidos, pues serán el apoyo fundamental ante la empresa paraestatal designada Laboratorios de Biológicos y Reactivos, S. A. (Birmex) que, en definitiva, carece de infraestructura propia de carácter nacional para cubrir las necesidades de al menos 70 instituciones involucradas en la compra consolidada.
Se trata entonces de la compra de medicamentos e insumos más grande en México respecto a otras compras consolidadas en años anteriores, con un monto total estimado inicial de 102.5 mmdp y con más de 2,347 millones de piezas. Incluso, será la más grande a nivel mundial.
El reto es enorme dada la dimensión de la compra y de la complejidad para su distribución.
Nota: la estimación de importes es conforme a precios promedio en 2020 según bases INEFAM.
El piso disparejo
Hay varios aspectos preocupantes en este proceso.
Desde el punto de vista de competencia económica, UNOPS es un agente económico predominante, que ejercerá un enorme poder de compra, donde su carácter autónomo y su discrecionalidad en decidir a quién y qué asignar induce una externalidad negativa, dadas sus prácticas internacionales, ya que tiene la capacidad de ser fijador precios y condicionar las cantidades a adquirir bajo un proceso que es exclusivo y “confidencial”, sin necesidad de rendir cuentas, sobre todo cuando se tratan de recursos públicos.
Lo anterior es relevante, dado que no garantiza un mínimo de cantidades a adquirir, además de que está en su libertad ajustar a la baja o al alza cantidades a los proveedores o en definitiva no comprarles. En particular, su influencia en el mercado puede afectar la capacidad productiva en el país, situación que seguramente no ha enfrentado en otros países, donde la existencia de una industria proveedora de bienes para la salud no está tan arraigada, estructurada y de presencia importante como sucede en nuestro territorio.
Es un hecho que ha condicionado al gobierno mexicano para ajustar la ley de adquisiciones y minimizar las funciones regulatorias de la autoridad sanitaria, además de condicionar pagos anticipados. El ejemplo más cercano es con Guatemala, caso que ha sido documentado por el Instituto Farmacéutico (INEFAM) hace algunos meses y marca un claro antecedente[1].
En México contamos con leyes de competencia económica y con organismos públicos especializados al respecto que, ciertamente, no existen en otros países donde ha estado dicho organismo, o al menos no cuentan con un suficiente andamiaje regulatorio para observar, y en su momento, perseguir prácticas monopólicas que pueden generar daños a proveedores sin mediar reclamo alguno, y en su caso, tenga una postura discriminatoria a productores locales, lo que se contrapone con lo señalado en el Programa Sectorial de Salud 2019-2024, en cuanto a promover la producción nacional de bienes para la salud.
En resumen, su predominancia y su capacidad de generar externalidades negativas es claramente una falla de mercado inducida, donde dicho organismo por sí mismo genera un piso disparejo, al fijar precios y definir cantidades sin mayor compromiso, afectando a los oferentes, y sobre todo, a pacientes (que se cuentan por varias decenas de millones), al no contar con sus tratamientos necesarios, y claro está, con la calidad requerida, lo que puede agudizarse sin una cadena de suministro robusta que garantice una logística adecuada.
Opacidad
Contrario a los argumentos dados por sus funcionarios en cuanto a una labor transparente, lo cierto es que ha sido mínima su comunicación y prácticamente no tiene ningún nivel de conversación que permita sensibilizarlos respecto a la realidad del país. Se limita a seguir conforme a sus propios principios en su total autonomía y conforme a sus propios tiempos. Esto es particularmente sensible dado que en el país se cuenta con un sistema de transparencia y acceso a la información, a la cual, por supuesto, está fuera de alcance para ser exigible a este organismo, quien en todo caso decidirá lo que sea “transparente”.
De esta manera, será del todo una prueba de transparencia que UNOPS, como ente privado, reporte debidamente a la sociedad mexicana su proceder y sobre todo resultados, siendo congruente con las prácticas a la que instituciones públicas están obligadas ante los ciudadanos.
[1] Situación señalada en el artículo “UNOPS: el negocio de descubrir el hilo negro”, publicado en Mundofarma.com.mx, el 23 de septiembre de 2020.