Columna Desde el Legislativo
«Busca ayuda, rompe el silencio»:
Michael Phelps
A pesar de cifras alarmantes de depresión, ansiedad y suicidio, la salud mental sigue fuera del centro de la política pública. Ignorarla implica violar derechos humanos y poner en riesgo nuestra cohesión social.
Éctor Jaime Ramírez Barba
En México enfrentamos una crisis silenciosa de salud mental que, durante demasiado tiempo, ha permanecido invisibilizada. Las estadísticas son contundentes: casi tres de cada diez mexicanos presentarán algún trastorno mental a lo largo de su vida, y alrededor del 14 % lo hará en un año determinado.
La depresión y la ansiedad son particularmente prevalentes. Por ejemplo, se estima que 15 de cada 100 mexicanos padecían depresión en 2020, cifra que aumentó a 20 de cada 100 para 2023, un salto del 33 % en apenas tres años, con Guanajuato entre los estados con mayor incremento. Sin embargo, la respuesta institucional no ha estado a la altura: solo dos de cada diez personas con algún problema de salud mental buscan atención especializada, y lo hacen, en promedio, entre cuatro y doce años después de manifestar los primeros síntomas. En Guanajuato se reportaron 13,461 personas con depresión en 2023. Este enorme rezago implica años de vida perdidos en sufrimiento y discapacidad, algo inadmisible en un país que afirma valorar la salud como un derecho humano básico.
Salud mental, relegada
La nueva administración federal ha delineado su Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 con un enfoque en enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad. Nada de esto es objetable, pero preocupa profundamente que la salud mental quede relegada. En la presentación oficial del plan se enfatizó la modernización del sistema de salud, la vacunación y la atención primaria, pero no se hizo mención específica de la salud mental, creando un silencio programático y presupuestario.
Olvidar la salud mental tendría consecuencias desastrosas: la depresión ya es la principal causa de años vividos con discapacidad entre las mujeres mexicanas y la novena entre los hombres; a nivel mundial, es la cuarta causa de pérdida de años de vida saludables. Además, las muertes por suicidio en México han ido en aumento, pasando de una tasa de 5.3 por cada 100 mil habitantes en 2017 a 6.3 en 2022, una señal alarmante del sufrimiento psíquico desatendido. Cada suicidio es una tragedia prevenible si existieran redes de apoyo y atención temprana eficaces.
Sin financiamiento
Lo más preocupante es que México está incumpliendo compromisos internacionales en materia de salud mental y derechos humanos. En 2017, nuestro país votó a favor del Plan de Acción Mundial sobre la Respuesta de Salud Pública a la Demencia de la OMS, comprometiéndose a implementarlo. A la fecha, poco se ha avanzado. Actualmente, México cuenta con un Plan Nacional de Demencia, pero la organización Alzheimer’s Disease International nos clasifica en el nivel 4b, es decir, tenemos un plan, pero sin financiamiento adecuado para ejecutarlo.
Esto es sumamente grave, considerando que aproximadamente 1.3 millones de mexicanos padecen Alzheimer –la forma más común de demencia– y que, para 2050, esa cifra podría alcanzar los 3.5 millones debido al envejecimiento poblacional.
Deberíamos invertir al menos el triple
En otras palabras, enfrentamos una bomba de tiempo epidemiológica, pero no estamos destinando los recursos necesarios. De hecho, el presupuesto público para salud mental en 2024 es de apenas 3,819 millones de pesos, cuando los estándares regionales sugieren que deberíamos invertir al menos el triple (cerca de 10 mil millones) para equipararnos con otros países de América.
En cuanto al personal, la OMS recomienda al menos un psiquiatra por cada 10 mil habitantes, pero México tiene menos de la mitad de esa cifra: solo alrededor de 0.36 psiquiatras por cada 10 mil habitantes, lo que implica servicios saturados e insuficientes. He podido conocer de primera mano las historias de cuidadores familiares exhaustos, especialmente en casos de demencia. Los datos indican que 44 % de quienes cuidan a adultos mayores dependientes son sus hijas o nietas, generalmente mujeres que detienen su propio proyecto de vida y empleo para atender a su ser querido.
Un enfoque de derechos humanos
Sin embargo, no existen en México estrategias específicas para apoyar a las personas con demencia ni a sus cuidadores. Desde el PAN estamos impulsando que el gobierno adopte un enfoque de derechos humanos: las personas con enfermedades mentales y sus cuidadores tienen derecho a recibir apoyo del Estado. La nueva guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2025 sobre políticas de salud mental, publicada hace unos días, subraya precisamente la integración del enfoque de derechos humanos en todas las acciones, así como la importancia de proveer cuidados centrados en la persona, comunitarios y libres de estigma. El llamado global es a transitar del encierro institucional al apoyo comunitario, a combatir la discriminación y a incluir a los pacientes y sus familias en las decisiones sobre su atención.
No podemos quedarnos atrás: ignorar la salud mental no solo perpetúa violaciones al derecho a la salud, sino que erosiona nuestra cohesión social y desarrollo.
Continuará la próxima semana…
